En primera plana de El Nuevo Herald (miércoles 13 de julio de 2011), el reportero Alfonso Chardy relata los hechos ocurridos en torno a la parada temporal por un oficial de la policía del condado Dade de un vehículo conducido por Javier Reyes y Christine, la que sería su esposa. El reportero consigue entrevistar a la pareja, a la abogada Grisel Ybarra y al Sr. Álvaro Zabaleta, vocero del departamento de la policía del condado. El texto íntegro refiere que la Sra. Christine Reyes, experimentó sentimientos de miedo durante la breve detención del vehículo en que viajaba y mientras que el oficial le solicitaba los documentos de identificación porque, según ella, temió que supiesen que su estado es ilegal pues permanece en el territorio de los Estados Unidos a pesar de que se venció su visa de turista que le fuera emitida en su país de origen. Agrega que fue amenazada por el mismo quien la increpó de posible arresto sino conseguía un documento legal de identificación en el estado.
Otra de las partes que han intervenido en este asunto reportado, es la abogada designada por el matrimonio para encargarse de tramitar la solicitud de residencia de la joven, por la vía de su esposo, una persona cubanoamericana. Ella le declara al reportero que no existe ley que permita a la policía solicitarle documentos de identificación a un pasajero de un vehículo y añade que el caso expresa una típica situación de perfil racial, puesto que los rasgos fisonómicos de la Sra. Reyes, son asiáticos y el oficial debió sospechar de que se trataba de una inmigrante indocumentada.
El vocero de la policía del condado refiere sucintamente, que la policía generalmente puede solicitar identificación a pasajeros sin más argumentos.
Y por último los activistas defensores de los derechos de los inmigrantes expresan que el debate nacional sobre las leyes migratorias ha creado una situación de fricción que ha producido que la policía se comporte con mayor agresividad.
A simple vista este pequeño incidente es eso: Un simple incidente, pero a tenor con el estado de opinión pública que ha generado la situación de pasividad del gobierno federal y el congreso ante la existencia de alrededor de catorce millones de indocumentados, además de todo el debate generado por las acciones de unos y la inacción de otros y el decir de otros muchos, lo convierte en algo más importante. Como sabemos, el Sur de la Florida es una región donde ha fecundado la inmigración de latinos y también de un buen por ciento de asiáticos; es el asentamiento de latinos más creciente de toda la nación. Tal hecho implica la suposición de que un elevado por ciento de las agencias federales, estatales y citadinas estén compuestas por descendientes de inmigrantes y que éstos mantendrían una actitud más pasiva ante este fenómeno. De modo que la conducta de este oficial de policía_ sin que pueda argüir que es un descendiente de inmigrante, aunque lo presumo_, resalta la atención del hecho porque imagino que en cumplimiento de sus funciones que incluye la seguridad de los ciudadanos, le haga saber o le recuerde a la Sra. Reyes, que es su obligación portar un documento de identificación acreditado. Esto no es desacertado, sino pongamos de ejemplo a los residentes que vienen por ley obligados a portar su tarjeta de residencia. El agente Zabaleta no amplió sus declaraciones porque compromete una presunta y futura investigación ante la remota posibilidad de ser demandado el oficial y el departamento, pero recuerdo que la situación fáctica que enfrenta un oficial de la policía durante el cumplimiento de sus funciones, le permite tomar determinadas decisiones que le permitan asegurarse de que la misma no compromete la seguridad de los demás. El manejo de esa situación es aprendida y entrenada por éstos durante su aprendizaje y profesionalización. Es la duda razonable y puede ser detallada ampliamente.
La Sra. Reyes sintió temor _y le creo_, porque tiene algo que ocultarle a las autoridades acerca de su infracción legal, lo que la convierte en un sujeto de interés para las agencias correspondientes con las consiguientes consecuencias que conocemos desde la detención, traslado, sometimiento a juicio de juez de inmigración hasta la deportación. Su temor no fue producido por la conducta del agente del orden, sino por su propio estatus de franca ilegalidad voluntaria.
En cuanto a la abogada que declaró a la prensa lo antes expuesto, pienso que le he contrapuesto una situación de hecho que permitiría decidir al oficial que no está respaldado por una ley expresa y anterior al hecho pedirle documentos de identificación a una persona que piensa puede ser sospechosa de un acto ilegal, o mantener una postura que haga pensar de que oculta algo o está situada en una situación comprometedora. Ignoro lo que motivó al oficial para exigirle la exhibición del documento de identificación aunque podría sugerir cualquier idea. Lo paso por alto.
Los activistas defensores de los inmigrantes y sus derechos, utilizan la oportunidad para emplear el lenguaje que han expuesto antes, que entre otras cosas, crece la mala intención en contra de los inmigrantes, lo cual pongo en duda rotundamente. La policía puede actuar agresiva o pasivamente ante una situación determinada, ello depende de lo que exijan las circunstancias y el protocolo que están obligados a utilizar para conducir un examen de rutina o enfrentar a un sujeto armado; no es óbice. Esa declaración lejos de proteger a los inmigrantes de abusos de autoridad policial, obtiene un mayor resentimiento de algunos oficiales que subconscientemente comienzan a considerar “dos bandos” en su trabajo diario, pues pocos son los que no nos defendemos o reaccionamos cuando nos atacan de alguna forma. Si los activistas piensan, y han alcanzado esa opinión de manera científica, que los policías están siendo abusadores, entonces el camino para defender a ese sector de ello es acercándose a la policía y no manteniendo distancia, porque tendrían la oportunidad de probar sus puntos de vista. Los ataques en esta forma, sin disponer ni indicar en qué se basan para sostenerlos, no conducen a nada productivo.
El hecho reportado no alcanza como noticia la primera plana de uno de los dos diarios en idioma Español de esta región, sin embargo, allí ha sido situado, por lo que me veo obligado a pensar de que refleja la forma de pensar de la redacción respecto a este tema lo que implica su propósito de suscitar determinado estado de opinión.
Jorge B. Arce
Otra de las partes que han intervenido en este asunto reportado, es la abogada designada por el matrimonio para encargarse de tramitar la solicitud de residencia de la joven, por la vía de su esposo, una persona cubanoamericana. Ella le declara al reportero que no existe ley que permita a la policía solicitarle documentos de identificación a un pasajero de un vehículo y añade que el caso expresa una típica situación de perfil racial, puesto que los rasgos fisonómicos de la Sra. Reyes, son asiáticos y el oficial debió sospechar de que se trataba de una inmigrante indocumentada.
El vocero de la policía del condado refiere sucintamente, que la policía generalmente puede solicitar identificación a pasajeros sin más argumentos.
Y por último los activistas defensores de los derechos de los inmigrantes expresan que el debate nacional sobre las leyes migratorias ha creado una situación de fricción que ha producido que la policía se comporte con mayor agresividad.
A simple vista este pequeño incidente es eso: Un simple incidente, pero a tenor con el estado de opinión pública que ha generado la situación de pasividad del gobierno federal y el congreso ante la existencia de alrededor de catorce millones de indocumentados, además de todo el debate generado por las acciones de unos y la inacción de otros y el decir de otros muchos, lo convierte en algo más importante. Como sabemos, el Sur de la Florida es una región donde ha fecundado la inmigración de latinos y también de un buen por ciento de asiáticos; es el asentamiento de latinos más creciente de toda la nación. Tal hecho implica la suposición de que un elevado por ciento de las agencias federales, estatales y citadinas estén compuestas por descendientes de inmigrantes y que éstos mantendrían una actitud más pasiva ante este fenómeno. De modo que la conducta de este oficial de policía_ sin que pueda argüir que es un descendiente de inmigrante, aunque lo presumo_, resalta la atención del hecho porque imagino que en cumplimiento de sus funciones que incluye la seguridad de los ciudadanos, le haga saber o le recuerde a la Sra. Reyes, que es su obligación portar un documento de identificación acreditado. Esto no es desacertado, sino pongamos de ejemplo a los residentes que vienen por ley obligados a portar su tarjeta de residencia. El agente Zabaleta no amplió sus declaraciones porque compromete una presunta y futura investigación ante la remota posibilidad de ser demandado el oficial y el departamento, pero recuerdo que la situación fáctica que enfrenta un oficial de la policía durante el cumplimiento de sus funciones, le permite tomar determinadas decisiones que le permitan asegurarse de que la misma no compromete la seguridad de los demás. El manejo de esa situación es aprendida y entrenada por éstos durante su aprendizaje y profesionalización. Es la duda razonable y puede ser detallada ampliamente.
La Sra. Reyes sintió temor _y le creo_, porque tiene algo que ocultarle a las autoridades acerca de su infracción legal, lo que la convierte en un sujeto de interés para las agencias correspondientes con las consiguientes consecuencias que conocemos desde la detención, traslado, sometimiento a juicio de juez de inmigración hasta la deportación. Su temor no fue producido por la conducta del agente del orden, sino por su propio estatus de franca ilegalidad voluntaria.
En cuanto a la abogada que declaró a la prensa lo antes expuesto, pienso que le he contrapuesto una situación de hecho que permitiría decidir al oficial que no está respaldado por una ley expresa y anterior al hecho pedirle documentos de identificación a una persona que piensa puede ser sospechosa de un acto ilegal, o mantener una postura que haga pensar de que oculta algo o está situada en una situación comprometedora. Ignoro lo que motivó al oficial para exigirle la exhibición del documento de identificación aunque podría sugerir cualquier idea. Lo paso por alto.
Los activistas defensores de los inmigrantes y sus derechos, utilizan la oportunidad para emplear el lenguaje que han expuesto antes, que entre otras cosas, crece la mala intención en contra de los inmigrantes, lo cual pongo en duda rotundamente. La policía puede actuar agresiva o pasivamente ante una situación determinada, ello depende de lo que exijan las circunstancias y el protocolo que están obligados a utilizar para conducir un examen de rutina o enfrentar a un sujeto armado; no es óbice. Esa declaración lejos de proteger a los inmigrantes de abusos de autoridad policial, obtiene un mayor resentimiento de algunos oficiales que subconscientemente comienzan a considerar “dos bandos” en su trabajo diario, pues pocos son los que no nos defendemos o reaccionamos cuando nos atacan de alguna forma. Si los activistas piensan, y han alcanzado esa opinión de manera científica, que los policías están siendo abusadores, entonces el camino para defender a ese sector de ello es acercándose a la policía y no manteniendo distancia, porque tendrían la oportunidad de probar sus puntos de vista. Los ataques en esta forma, sin disponer ni indicar en qué se basan para sostenerlos, no conducen a nada productivo.
El hecho reportado no alcanza como noticia la primera plana de uno de los dos diarios en idioma Español de esta región, sin embargo, allí ha sido situado, por lo que me veo obligado a pensar de que refleja la forma de pensar de la redacción respecto a este tema lo que implica su propósito de suscitar determinado estado de opinión.
Jorge B. Arce
No hay comentarios:
Publicar un comentario